Otras más del “Pacogate”, el megafraude de Carabineros que ya supera los $26 mil millones y que hoy revela una nueva arista: el pago del fisco a más de 7 mil funcionarios de la institución que nunca existieron, lo que implicó dinero fresco y a disposición del desfalco.

Por lo mismo, y a partir de las conclusiones de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre las irregularidades en la administración de Carabineros, los parlamentarios Carlos Montes (PS) y Cristian Monckeberg (RN) presentaron sus reparos y se plegaron a la iniciativa de suspender la tramitación de la partida para la institución en el presupuesto del próximo año.

Marcos Tello, general director de Carabineros (s), expuso en la comisión mixta del Presupuesto en el Congreso que además de sacar fondos desde las cuentas destinadas a pagar desahucios, los involucrados en el desfalco “metieron mano en las cuentas de gasto en personal (…) no es una información que esté confirmada porque es parte del proceso investigativo (pero) de lo que nosotros pudimos establecer, es fundamentalmente de aquellas plazas que fueron asignadas a la institución y que por diversas razones no se ocuparon”.

Según consigna El Mostrador, dichas plazas vacías son lo que las personas allegadas a la investigación y los parlamentarios de la comisión han denominado “Carabineros fantasmas”. En simple, significa que a lo largo de 11 años, se pagó sueldos a 7 mil funcionarios de la policía que no existían, lo cual significó una importante fuente de dinero para los ejecutores del ilícito. Durante todo este lapso, nadie dijo nada y tampoco se detectó, pues la dotación de las Fuerzas Armadas y de Orden es, por ley, secreta.

La arista del ítem remuneraciones fue abordada por el diputado Leonardo Soto (PS), quien señaló que el dato de la diferencia entre el contingente pagado y el que efectivamente opera, surgió de una pregunta. “Cuando vimos que el fraude superaba los 26 mil millones nos preguntamos qué partida del presupuesto de Carabineros quedaba sin cumplir a partir de los recursos sustraídos y nos encontramos con este dinero que fue entregado y durante años quedó empozado. Además, quien defendía el presupuesto en el Congreso y frente al Ministerio de Hacienda, era el propio general Flavio Echeverría”, detalla Soto, en referencia al general que ha sido catalogado como el jefe de la operación ilícita, de acuerdo al Ministerio Público.

En las auditorías al Departamento de Remuneraciones, nunca se hizo referencia a las remuneraciones, ya que los montos a ser asignados estaban en relación con las plazas y grados de la Escala de Empleados Públicos aprobados por ley. Explicó que la dotación efectiva se determinaba por la Lista de Revista, que es un instrumento en que las reparticiones registran al personal de su dotación y los beneficios a los cuales tienen acceso.

De cualquier manera, según los cálculos efectuados por los entes que investigan el fraude, mientras duró el desfalco, por más de una década se sustrajo un promedio de $3 mil millones al año.