Antes de señalar, explicar y argumentar el trato debido que debemos tener con los niños/as inimputables y los adolescentes infractores, es importante contextualizar sobre la actual situación legal e institucional de este vulnerable y sensible grupo de personas.

La legislación que regula el trato con niños, niñas y adolescentes en conflicto con lo lícito, es la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), que -entre otras cosas- señala que los jóvenes entre 14 y 15 años como también los de 16 y 17 años, tienen un trato penal diferenciado a quienes son mayores de 18 años, sin olvidar también de que además establece que los niños y niñas menores de 14 años son inimputables. Adecuándose así a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN), tras años de encarcelar a niños, niñas y adolescentes (o NNA) junto con adultos, provocando así -en esos tiempos- un mayor contagio criminógeno y una vulneración de derechos grave.

La LRPA fue sin duda un avance, ya que nos puso al día con la CDN y era una justicia que estaba postergada, debido a que no se entendía que niños, niñas y adolescentes fueran sancionados penalmente con y junto a adultos, siendo que en los primeros hay una carencia de discernimiento. Además de que no se podía realizar un mismo trabajo de reinserción con un niño y con quien es mayor de edad.

Este importante avance significó una nueva institucionalidad, pasando los niños inimputables y los jóvenes infractores a ser intervenidos por Sename en vez de por el sistema penal adulto. Además a ello se le sumó diferentes programas de prevención y reinserción que se hicieron para fortalecer esta nueva institución en búsqueda de ayudar y sacar a niños, niñas y jóvenes de la situación de riesgo sociodelictual en que se encontraban.

Uno es el programa 24 Horas (que es tanto para niños y niñas inimputables como para adolescentes infractores), que en estos últimos años se ha modernizado gracias a la implementación de la ASSET (una herramienta que evalúa el nivel de riesgo sociodelictual en cada menor de edad para después derivarlo en un programa) y la Terapia Multisistémica (MST), en el que un equipo multidisciplinario interviene durante 5 meses 24/7 al niño/a o joven y a su ecología. Es un programa que según cifras es relativamente exitoso (sobre un 77,5% de casos con resultados positivos), pero carece de una mayor cobertura y de un debido seguimiento post tratamiento.

Hay otros programas, como el “Niños, Niñas y Adolescentes, Todos Juntos en la Prevención”, que trata al mismo grupo etario (tanto inimputables como infractores), pero que a diferencia del 24 Horas, este interviene casos con menor complejidad (acorde a la ASSET, la MST es solo para los casos evaluados más complejos). Sin olvidar que tiene menos recursos y cuenta con equipos de trabajo más reducidos. Aún así su aporte es importante, y hay comunas donde se ha implementado junto con el 24 Horas obteniendo mejores resultados que en otras que no.

En todo este sistema de intervención y reinserción de niños/as inimputables y jóvenes infractores, es vital el papel que juega Carabineros. Ya que del “Listado 24 Horas” que realiza la Zona de Prevención y Protección de la Familia (Zonafam) de dicha institución, es de donde se consiguen la mayor cantidad de los casos para evaluarlos con la ASSET (otras vías de ingreso son a través de colegios, tribunales de familia o por iniciativa de los mismos parientes del NNA). Dicho listado se alimenta de los partes policiales, donde estos consignan si el niño, niña o adolescente fue detenido por ser víctima de vulneración de derechos, inimputable o joven infractor de ley.

Su problema y mayor falencia, es que primero, muchos niños y niñas inimputables son consignados en partes policiales por “vulneración de derechos”, siendo de esa manera invisibilizada su situación de riesgo sociodelictual y no llegando así al listado 24 Horas, ni mucho menos a la ASSET. Y también, hay casos donde simplemente el oficial de Carabineros a cargo ni siquiera hace el parte, sino que solo le dá una vuelta al niño/a en su auto y después lo va a dejar con su familia. Ambos casos son mucho más común que uno quisiera y básicamente significa que muchos niños y niñas en riesgo sociodelictual, quedan totalmente ajenos (y desamparados) del debido tratamiento que requieren para corregir su conducta transgresora.

Un error, o más bien flaqueza que no hay que obviar y que se podría corregir de nuestra legislación e institucionalidad en el trato con menores de edad, sería cambiar la situación de la de niños, niñas y adolescentes que están mezclados con jóvenes de 18, 19 o 20 años. Esto sucede porque estos últimos están ahí por una sanción que recibieron siendo menores de edad y por lo tanto se entiende que la cumplan como tales, pero por otra parte, tanto por los niños, niñas y adolescentes como por los funcionarios y el recinto, no se hace óptimo recibirlos a ellos en ese mismo espacio.

Ante ello es bueno mirar el modelo alemán, donde tienen además una diferenciación penal para jóvenes entre 18 y 21 años. Entonces, inspirándose en él, se podría modificar nuestro sistema para que joven que infringió la ley siendo menor de edad pero que ya cumplió 18 años, cumpla su sanción con otros jóvenes entre 18 y 21 años, e igualmente, quien delinca teniendo 18 años y no reciba una condena a pena aflictiva, que la cumpla también junto a jóvenes del rango etario anteriormente mencionado.

A las anteriores debilidades de nuestra institucionalidad en el trato con niños, niñas y adolescentes, se le suma básicamente la falta de ofertas programáticas. Más allá del programa 24 Horas y de una que otra iniciativa de alguna ONG, la cobertura total que se alcanza y los recursos con lo que cuenta cada programa es bastante pobre. O sea, en el caso del programa 24 Horas (fundamental para los casos más complejos de NNA imputables o infractores) se espera que este 2018 llegue a estar en tan solo 36 comunas del país (en la Región Metropolitana está en 22 comunas de 50).

Todas estas falencias han provocado una sensación de desamparo tanto en las familias de estos niños, niñas y adolescentes como también de quienes son víctimas de ellos. Lo que por lo tanto -entre otras cosas- ha causado un fuerte resurgimiento del populismo penal, que no busca efectividad ni respeta derechos, sino que su mayor fin es ser una herramienta electoral para algunos políticos. Sin olvidar también que el populismo penal es también cultural, que se expresa de manera violenta, desde amenazas, funas públicas de NNA a crueles linchamientos ciudadanos (o hasta en algunos casos, la misma muerte). Es decir, tanto por el injusto y deshumano abandono y maltrato contra el niño, niña y adolescente en riesgo sociodelictual como también por el daño que provoca social y culturalmente, el no atender de manera debida a los menores de edad inimputables e infractores de ley es llevarnos a la barbarie.

Es también importante recordar que niño, niña o adolescente que ha infringido la ley ha sido víctima de una vulneración de derecho. Si uno revisa el perfil de prácticamente cualquier NNA inimputable o infractor de ley, verá que tiene un historial de maltratos, abandono, exclusión y en general, una situación de precariedad social, económica, educativa y cultural sumamente grave. Por lo que eso nos habla de otra materia sumamente importante -y primordial- en la que estamos fallando: la prevención.

El vivir en barrios inseguros y afectados por la narcocultura, el no tener referentes positivos (sino que en varias ocasiones solo negativos), el no recibir contención ni apego, el tener una mala educación, el ser excluido por sus vecinos y/o compañeros -entre otros factores criminógenos- muchas veces terminan llevando a un menor de edad a caer en un riesgo sociodelictual.

Ante ello, la recuperación de espacios públicos, la iluminación, la intervención de la situación familiar y emocional del NNA, la mejora de la calidad socioeducativa de los recintos educativos, la inclusión y el combate a la estigmatización social que tenemos que dar (escenario que podrá empeorar con iniciativas populistas como el control preventivo de identidad en jóvenes de 16 años), que son medidas necesarias pero que por culpa de esa cultura que prioriza el punitivismo no son implementadas con la fuerza que deberían tener, y que al no ser parte de una política de Estado fuerte y con enfoque solidario, se está provocando que muchos niños, niñas y adolescentes padezcan y caigan en flagelos sociales.

Para lograr una prevención exitosa y reinsertar socialmente a niños, niñas y adolescentes, es necesaria una nueva institucionalidad, un nuevo sistema que garantice y defienda los derechos de los NNA, lejos y ajeno de todo populismo penal que sea ineficaz y dañe personas. Se debe luchar culturalmente y sistemáticamente contra medidas que excluyan y estigmaticen a niños, niñas y adolescentes (urgente es que haya una institución que persiga funas y perjudiciales exposiciones de menores de edad). Y por sobre todo, se debe cambiar la ecología, el entorno y la situación psicosocial y cultural de los niños/as y jóvenes, y esto principalmente se lograría interviniendo, apoyando y entregando herramientas tanto a las familias como a los colegios y barrios.

Para avanzar y conseguir todo esto, la base parte por educar sobre el tema y también por fomentar una cultura con empatía, y ya con ello, presionar a la clase política, con fundamentos y un espíritu colectivo solidario. Así la mezquindad electoral (y hasta económica) de algunos no podrá prosperar, para que en vez deje de postergarse y se empiece a priorizar el debido trato para los niños/as inimputables y los adolescentes infractores de ley.