Si uno tuviera que sistematizar el discurso conservador que se ha esgrimido durante el gobierno de Bachelet y que llevan en sus hombros intelectuales como Peña, Brunner y Ottone (siendo, evidentemente, el primero el con mayor densidad conceptual), uno podría describir dicha posición de la siguiente forma: “Chile tuvo una modernización económica a partir de los ochenta basada en una sólida economía de mercado y con un Estado cuyo objetivo era mantener la estabilidad institucional y la confianza para la inversión, que se ha visto recientemente asediada por un gobierno (y un naciente grupo de jóvenes) que erradamente sentenció el descontento generalizado, iniciando una serie de reformas que han minado las confianzas, hecho caer la inversión e iniciado un estancamiento económico”.

Este artículo sostendrá que, aunque dicho relato puede ser internamente coherente, es estrictamente equivocado. Ninguna de sus ideas se sostiene: ni las reformas han impactado en los pilares institucionales de confianza, ni el estancamiento económico actual tiene que ver con un fenómeno coyuntural del gobierno. Por el contrario, la caída de la inversión se explica por un acto político de los inversionistas, mientras que el estancamiento actual tiene que ver justamente con la fragilidad del crecimiento de los noventa.

El uso político de las inversiones

¿Han caído las inversiones como una reacción normal ante el aumento del clima de incertidumbre derivado de las reformas?

En ningún caso. Según el ranking Doing Business 2017 Chile es, después de México, el país mejor posicionado para invertir en la región (57 de 190). La Heritage Foundation (una institución radicalmente liberal), en su ‘Index of Economic Freedom’ posiciona a Chile no sólo como el país más libre de la región, sino considerablemente por sobre el promedio mundial (ver gráfico 1).

 

 

Junto con lo anterior, según el World Governance Index, para el año 2017, Chile registra excelentes indicadores en términos de Estado de Derecho y calidad regulatoria por sobre la región. Así visto, ninguna de las recientes reformas han afectado en forma relevante el orden institucional del cual depende la inversión. No es de extrañar, por tanto, que las utilidades de las empresas hayan aumentado en un 36% el 2016. Y sin embargo, se mantienen en las declaraciones gremiales y de la oposición, una acusación al ‘clima de incertidumbre’, ‘politización’ del país, junto con una caída de la inversión agregada de la economía (el componente más afectado por la desaceleración con un crecimiento -0.8 el 2016).

 

Uno podría afirmar, entonces, que no hay condiciones objetivas que justifiquen que empresarios dejen de invertir y, por lo tanto, sus acciones o son irracionales o no son la fuente del estancamiento (siendo el fenómeno exógeno del fin del boom de los commodities el factor clave). Sin embargo, por más que el efecto de los commodities es claro, esta visión omite una capa fundamental de la realidad: el rol político del inversionista.

Los empresarios, en tanto sus decisiones de inversión determinan el tipo de crecimiento y empleo del país, poseen un poder privilegiado sobre la sociedad (lo que Przeworski & Wallerstein (1988) denominaban el ‘poder estructural del capital’). A diferencia del común de los ciudadanos, sus razonamientos, evaluaciones del contexto y expectativas determinan, en términos agregados, los niveles de inversiones, crecimiento y empleo.

Sus evaluaciones de inversión en un contexto de cambios institucionales no sólo dependen de cuánto impactará objetivamente hoy una reforma en el orden institucional general (vimos que en el caso de Chile el impacto es bajísimo), sino de consideraciones subjetivas relativas al futuro, que van muchísimo más allá de las estrictamente ‘económicas’ del presente (por ejemplo, si consideran que esa reforma puede abrir una ‘caja de pandora’ de mayores demandas sociales). En estas consideraciones respecto al efecto de largo plazo de una política, el análisis racional del empresario es siempre limitado (no se posee suficiente información sobre el futuro, inherentemente incierto, a decir de Keynes) y dominan las expectativas constituidas por diversas variables, entra ellas, los marcos de ideológicos (ver Blyth, 2003).

De esta forma, en tanto los grupos económicos nacionales emergieron durante la dictadura y aún son herederas de una visión conservadora y ‘manchesteriana’ de liberalismo (ver Undurraga, 2011) su visión sólo puede interpretar las reformas como inherentemente dañinas, al margen de si en el presente (o futuro) no afecten su ganancia, no modifiquen sustancialmente la institucionalidad y no existan indicios objetivos para señalar que las reformar abrirán una ‘caja de pandora’.

Lo importante aquí no es lo objetivamente sustentado de su diagnóstico, sino el efecto que tiene en la realidad. Al reducir su inversión (debido a su cálculo ideológicamente constituido) hacen de su diagnóstico una profecía auto cumplida: su creencia, vía la caída de la inversión, deviene en realidad. De esta forma, si una reforma es realmente dañina, finalmente, lo determinará el propio empresariado y sus ideas. La clase propietaria no se equivoca en su análisis del presente, pero no porque tenga la razón, sino porque tiene el poder definir el presente mismo. De esta forma, lo que ha estado en juego hoy no es, como señala el relato conservador, un debate entre ‘técnicos’ (Hacienda-CPC), por un lado, y ‘políticos’ (gobierno preocupado por ‘la música’ y no el ‘crecimiento’), por otro, sino un debate donde entran diagnósticos ideológicos, profecías auto-cumplidas y poder entre actores igualmente políticos.

Estancamiento estructural

Sin embargo, el estancamiento económico actual no es únicamente un resultado coyuntural de la (sobre) reacción de la clase propietaria contra las medidas del gobierno. Es el resultado, a su vez, del tipo de crecimiento mismo instalado en Chile ya desde mediados de los ochenta (ergo, un resultado estructural).

El régimen económico tuvo un boom de crecimiento desde 1986 hasta 1997 con una tasa de 6% anual. Este estuvo anclado en una diversificación y apertura exportadora, dinamizando el sector forestal, pesquero y agrícola (donde, aunque la literatura económica oficial lo olvide conspicuamente, dicha diversificación tuvo al Estado como un actor clave, vía activas políticas industriales, ver Kurtz, 2001; Ahumada & Sossdorf, 2017), en paralelo con un boom de inversiones extranjeras en el sector del cobre y servicios (especialmente en los noventa).

Sin embargo, estos dos pilares de crecimiento dinámico fueron de corta duración. Las IED se condensaron en megaproyectos en sectores extractivos, con muy bajo nivel de procesamiento y de encadenamientos productivos (Parilli, 2004) y en la fusión y adquisición de empresas de servicios ya existentes (CEPAL, 1997), mientras que, a mediados de los noventa, como señalan Moguillansky (1999) y Garrido & Peres (1998), los grandes grupos económicos nacionales, ante la opción de profundizar en la llamada ‘segunda fase exportadora’, deciden, por el contrario, consolidarse en sus ventajas comparativas dadas en sectores primarios y extractivos.

Quizás lo que era bueno para Ford haya sido bueno para Estados Unidos, pero sin duda lo que era bueno para Angelini no fue necesariamente bueno para el Chile.

La crisis asiática pone el fin definitivo al boom de los noventa, y Chile entra en una media década de profundo estancamiento. La salida a dicho estancamiento no vino de un nuevo boom de innovación (un nuevo proceso de diversificación hacia nuevos sectores difusores de tecnologías), como debería suceder si presenciáramos una verdadera ‘modernización capitalista’, sino de un fenómeno tan exógeno como contingente: el boom de precios de los commodities entre 2003 y 2012, derivados de la demanda china y la especulación financiera (ver UNCTAD, 2016).

Sin embargo, el aumento del precio del cobre no trajo consigo un nuevo dinamismo como el del periodo 1986-1997, sino una mera reactivación temporal de una situación de estancamiento. En efecto, luego de dicho periodo, Chile vuelve a presenciar el estancamiento que nos dejara el fin del ciclo de expansión del 1998 (ver gráfico 2).

Detrás de dicho estancamiento está el factor estructural clave: los principales pilares sobre los cuales se levanta cualquier crecimiento sostenido en el tiempo (aumento de la formación de capital fijo, de la productividad, de la participación de la manufactura en el total del PIB, de las exportaciones industriales en el total exportado, resultando en una profundización de la complejidad económica de la estructura productiva como un todo), o están en franca caída (productividad, manufactura, posición internacional en el ranking de Complejidad Económica), o en un estancamiento (exportaciones industriales y formación bruta de capital fijo) (ver tabla 1).

Como se puede ver, detrás de estos datos desalentadores no se encuentran entre sus causantes ningún tipo de reformas que alteraran las expectativas empresariales, ni crearan ‘incertidumbre’ en la clase propietaria, muy por el contrario. ¿Qué observamos a lo largo de los noventa hasta hoy? : Libertad comercial (arancel virtualmente cero luego del ciclo de TLC), desregulación de los flujos financieros (por lo menos desde 1998), completa libertad y seguridad jurídica a las inversiones extranjeras (las últimas con certeza no sólo nacional, sino amarrada a acuerdos comerciales, especialmente el TLC con EEUU), bajo nivel impositivo (el más bajo de la OECD), y un orden constitucional que en su génesis (como nos recuerda Ruiz-Tagle y Cristi (2014)) tiene en su ADN la protección de irrestricta de la propiedad y erige una serie de mecanismos que justamente protegen la propiedad contra la propia deliberación democrática (ver Atria, 2013).

¿Qué más certidumbre y protección se necesita para que la clase propietaria despliegue sus, supuestas, ‘capacidades creativas’?

Contra la retórica conservadora

El diagnóstico de los defensores de la ‘modernización’ capitalista (‘reformas politizadas minan la estabilidad y neutralidad necesaria para el crecimiento’ + ‘debemos volver al crecimiento de los noventa’) es, no sólo políticamente tramposo, sino cortoplacista y contraproducente. Políticamente tramposo porque interesadamente confunden la situación: es la clase propietaria la que ha utilizado su poder estructural para minar reformas en base a sus propias visiones ideológicas. No hay sustento en sus miedos y, sin embargo, hacen de su miedo una realidad. La clase propietaria ha utilizado dicho poder para neutralizar, por ejemplo, las reformas tributarias desde los años noventa (ver Fairfield, 2015) y hoy es capaz de impugnar reformas como las actuales creando, ella misma, un clima de incertidumbre.

Es un diagnóstico cortoplacista porque evade las raíces estructurales del anquilosamiento: es el propio régimen económico el que ha perdido, por sí mismo, su dinamismo de antaño. El sueño de que el modelo vuelva a lo que fue en los noventa es una quimera. Su ciclo de diversificación exportadora de una década entró en estancamiento (debido a la derivada rentista de la misma clase propietaria) ya durante la crisis asiática y, posteriormente, sólo ha logrado sobrevivir en base a un fenómeno exógeno como el boom de los commodities. El resultado, finalmente, es un tipo de acumulación de capital que, o ralentiza o merma los pilares para un crecimiento sostenible en el largo plazo que pudiera hacer de la base material para un bienestar permanente de la población.

Pero también su diagnóstico es contraproducente: mientras todo indica que el régimen se estanca por razones endógenas, dichos intelectuales nos llaman a seguir con la misma receta de los noventa, a adaptarnos a los esquemas añejos y a esperar pasivamente hasta que, en el largo plazo, todo vuelva a lo que debió haber sido.

Denominar a esa pasiva espera mientras el régimen continúa en su anquilosamiento como una acción razonable para mantener la ‘modernización capitalista’ es, quizás, la fantasía fundante de la elite. Y, aunque no lo vean hoy, les costará caro.


PhD en Estudios de Desarrollo, Universidad de Cambridge.